César Manrique, nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública
César Augusto Manrique Soacha asumió hoy como nuevo director del Departamento Administrativo de la Función Pública, tras el nombramiento y acto de posesión que presidió el presidente de la República, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño.
Sobre su labor como director y la visión que tiene para la entidad, Manrique destacó: “Con nuestro trabajo queremos reivindicar el valor de lo público y recuperar la confianza de la ciudadanía en el Estado. Queremos dignificar el trabajo de los servidores públicos y de manera transversal apoyar a todas las entidades del orden nacional y territorial para que les brinden un servicio eficaz, ágil y cercano a los colombianos”.
Manrique es abogado de la Universidad Libre de Colombia y doctor en Derecho de esta misma institución. Adicionalmente, cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y una maestría en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.
El nuevo director de Función Pública cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Ha sido concejal de Fusagasugá, Cundinamarca; alcalde de este mismo municipio y diputado de la Asamblea Departamental de Cundinamarca.
Así mismo, ha sido asesor en el Senado de la República y ha prestado asesoría en temas de derecho, asuntos de paz y descentralización administrativa en diferentes entidades como la Gobernación de Cundinamarca. También se desempeñó como director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital de Bogotá.
En el reciente proceso de empalme, Manrique fue designado por el actual presidente, Gustavo Petro, como coordinador del equipo para el sector función pública.
Dentro de las prioridades que presentó el director Manrique para el Departamento Administrativo de la Función Pública, destacan la formalización laboral en el sector público; la revisión estructural de las entidades para garantizar un servicio accesible y eficiente; garantizar un Estado incluyente con oportunidades para los jóvenes, mujeres, población LGTBQ+ y personas con discapacidad; el fortalecimiento de las entidades territoriales; y la contribución desde lo público en la construcción de la paz.
Todo lo anterior orientado a fortalecer la relación de confianza entre el Estado y la ciudadanía, teniendo como premisa un servicio público más humano.
